España aprueba la primera ley de cambio climático

“Las actividades humanas son ya las responsables de un aumento de las temperaturas globales de aproximadamente 1ºC sobre el nivel preindustrial lo que indica que, al ritmo actual, el aumento de 1,5ºC se alcanzará entre 2030 y 2052. En el caso de España, este aumento de la temperatura es superior a la media en casi 0,5ºC.

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Los próximos diez años van a ser determinantes para poder tener éxito en preservar nuestra seguridad. Sobrepasar el límite de 1,5ºC dependerá de las acciones de lucha contra el cambio climático, que lleven a cabo todos los actores, no solamente los Gobiernos sino también el sector privado y el resto de la sociedad”.

Así describe la crisis climática el preámbulo de la nueva ley 7/2021 de cambio climático y transición energética que entró en vigor el pasado 22 de mayo, cuyo objeto principal es el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de 2015 antes de 2030 y alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.

Mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC, asegurar la coherencia de los flujos financieros y aumentar la capacidad de adaptación son algunos de los objetivos principales presentes en el Acuerdo de París. Para cumplirlos a nivel internacional, se han establecido por la norma española puntos clave en función de los diferentes sectores implicados en el cambio climático:

Movilidad

En 2019, casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedían de los transportes, en concreto de los turismos y otros vehículos de carretera. Es por esto por lo que a partir de 2040 se prohibirá la venta de vehículos que generen emisiones directas de CO2.

En este sentido, los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que desarrollar planes de movilidad sostenible para conseguir zonas de bajas emisiones.

Las gasolineras estarán obligadas a colocar puntos de recarga de coches eléctricos y para 2023 la mayoría de los edificios dispondrá de una plaza reservada para los vehículos eléctricos. Por último, el Gobierno, junto al Ministerio para la Transición Ecológica, deberá proponer alternativas a los combustibles fósiles y potenciar el transporte público.

Sector eléctrico

La ley quiere conseguir que en 2050 toda la energía eléctrica sea renovable. De esta manera, para 2030 se duplicará la cuota de energías renovables y en el plazo de un año se aplicará la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que favorecerá la instalación de placas fotovoltaicas en particulares y comunidades de propietarios.

Tal y como describe la nueva ley 7/2021 de cambio climático y transición energética (que entró en vigor el pasado 22 de mayo) en su preámbulo: “Las actividades humanas son ya las responsables del aumento de las temperaturas globales” y alertando que “los próximos diez años van a ser determinantes para poder tener éxito en preservar nuestra seguridad”.

Combustibles fósiles

La mayoría de las emisiones que generan el efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles para crear energía. La nueva norma que entra en vigor en España limita y prohíbe la explotación de yacimientos de hidrocarburos, con una fecha límite hasta 2042 de las extracciones ya concedidas.

Cabe destacar que la ley permite “productos energéticos de origen fósil” siempre y cuando existan “motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas”.

Eficiencia energética y rehabilitación de edificios

Otro objetivo de la ley es destinar fondos europeos a la rehabilitación urbana y de viviendas. Además, las Administraciones recibirán incentivos para promover el autoconsumo y potenciar la “introducción de las energías renovables”.

Algunos de los objetivos de la ley son la destinación de fondos europeos para la rehabilitación de viviendas y poder introducir energías renovables. En el plazo de un año se aplicará también la reforma de la Propiedad Horizontal, para favorecer la instalación de placas fotovoltaicas tanto en comunidades de propietarios como en particulares.

Adaptación y biodiversidad

El cambio climático ha causado efectos irreversibles en el planeta. La nueva norma identifica estas consecuencias y busca establecer medidas de protección de la diversidad.

En primer lugar, el Gobierno tendrá que presentar de manera periódica un plan nacional de adaptación al cambio climático, acompañado de un informe, que identifique los riesgos y la vulnerabilidad de los territorios.

También se pondrá fin a las prórrogas en las concesiones de actividades en el dominio público marítimo. Por último, se deberá desarrollar un buen plan de conservación y restauración de ecosistemas y especies, y en los próximos seis meses el Gobierno tendrá que presentar una propuesta de ley sobre los residuos y los suelos contaminados.

Riesgos financieros, empresas y comité de expertos

Para muchas empresas, estas medidas establecidas por la nueva ley pueden tener un impacto financiero negativo. No obstante, hay que valorar los riesgos económicos que supone el cambio climático.

De esta manera, las empresas tendrán que presentar informes anuales sobre los riesgos a los que se expone su ámbito de explotación en el camino hacia la economía sostenible.

Paralelamente a estas acciones individuales, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones también elaborarán un informe, cada dos años, para observar cómo se están cumpliendo las metas establecidas en el Acuerdo de París.

Por último, para culminar la aprobación de la Ley, se creará un “un comité de expertos de cambio climático” encargado de controlar y proponer medidas para mejorar la transición y motivar a la ciudadanía durante el proceso.

Escrito porMònica Mateu MiñarroAbogada.
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